Esconder explosivos en aparatos móviles y su violación al derecho internacional humanitario es uno de los aspectos más inquietantes de la reciente escalada en el conflicto entre Israel y Hezbolá. Este ataque —que mató a decenas de personas y dejó a miles de heridos— constituye una táctica ilegal que viola el principio de distinción, que exige que las fuerzas militares no solo diferencien la población civil de los combatientes, sino también los objetos de carácter civil de los objetivos militares. Instalar explosivos en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, bíperes, walkie-talkies u ordenadores atenta contra este fundamento.
Para corrientes filosóficas como la guerra justa, el utilitarismo y la deontología, el empleo de objetos civiles como armas es éticamente inaceptable. Según la guerra justa, un conflicto armado solo puede ser moralmente legítimo si cumple con el principio de distinción, lo que claramente se quebranta en este caso. El utilitarismo condenaría cualquier acción que resulte en un sufrimiento humano desproporcionado, incluso si la intención fuera lograr un supuesto bien mayor.
Ahora, desde una perspectiva deontológica, como la de Immanuel Kant, manipular dispositivos civiles con explosivos viola el imperativo categórico, el cual establece que los seres humanos deben ser tratados como fines en sí mismos, y no como medios para un fin. Básicamente, no puedes poner a individuos como medios para alcanzar tus fines bélicos, porque tratar a ciudadanos comunes como herramientas o daños colaterales para lograr un objetivo militar contradice el respeto a la dignidad humana.
Las autoridades israelitas justifican sus acciones militares, citando ejemplos históricos como los bombardeos de Dresde o Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, las acciones deben ser evaluadas por sí mismas y no apoyarse en actos similares del pasado. El hecho de que otras naciones hayan cometido atrocidades no faculta que Israel haga lo mismo hoy. Utilizar estos ejemplos como justificación es una falacia de tu quoque; es decir, intentar defender una masacre con otra previamente ejecutada constituye un argumento moralmente inválido y lógicamente falaz.
Además de que la premisa anterior es éticamente insostenible, también es legalmente injustificable. Citar eventos que ocurrieron antes de la firma de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, que establecieron normas claras para la protección de civiles en tiempos de guerra, es inadmisible. Los principios del derecho internacional humanitario deben aplicarse de manera constante y sin excepciones basadas en precedentes injustos. Según la Organización de las Naciones Unidas:
Las obligaciones de derechos humanos se derivan del reconocimiento de los derechos inherentes de todos los seres humanos y que estos derechos podrían verse afectados tanto en tiempo de paz como en estado de guerra, el derecho internacional de los derechos humanos se sigue aplicando en las situaciones de conflicto armado.1
Si las tácticas de guerra comienzan a involucrar dispositivos de carácter civil que antes se consideraban inofensivos, la distinción entre combatientes y civiles se desvanece, abriendo la puerta a una escalada de violencia indiscriminada en futuros conflictos.
El continuo desprecio de Israel por el derecho internacional, a través de sus violaciones reiteradas de las Convenciones de Ginebra y las resoluciones de la ONU, establece un peligroso precedente para la estabilidad global y para los pilares del derecho internacional humanitario. Cuando un estado ignora impunemente las leyes internacionales, socava el sistema legal creado para prevenir guerras y proteger a los civiles. Esto recuerda a la caída de la Liga de las Naciones en los años 30, cuando las potencias ignoraron las normas internacionales, lo que permitió el ascenso del fascismo y, en última instancia, la Segunda Guerra Mundial.
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Lecturas recomendadas:
• Michael Walzer, Guerras Justas e Injustas